Una es la paz que se anuncia en los carteles de campaña electoral.Y otra la que interesa de verdad a la gente humilde de Colombia.

Cualquiera diría que el 7 de agosto el Presidente de la República se jugó todos los restos por el proceso de paz que adelanta con las FARC en La Habana.

Al menos así se deduciría de su discurso con ocasión del 194 aniversario de la Batalla de Boyacá, en el cual asumió la defensa de la búsqueda de la paz por la vía de las conversaciones.

La prensa destacó su casi virtual confesión de que dar de baja a la totalidad de los mandos de las FARC llevaría por lo menos a treinta años más de confrontación.

De donde derivó que lo más conveniente es insistir en la vía de la solución política al conflicto. Lo confirman sus duras críticas a quienes se oponen sin razón a los diálogos de La Habana.

Dentro de ellas señaló que no podía ponerse por encima de la justicia social el asunto de la seguridad, identificándose públicamente con la posición popular de paz con justicia social.

De modo que tenemos un Presidente de la República que al tiempo de sugerir su intención de lanzarse a la reelección levanta las banderas de la paz y la solución política contra viento y marea.

Firmar por fin la paz. Qué más quisieran las guerrillas, la izquierda, la oposición democrática y popular, el movimiento social y seguramente la inmensa mayoría de los colombianos.

La idea de trabajar incansablemente por  hacer posible y próxima la concreción de un anhelo nacional de semejante dimensión tiene las características de una poderosa fuerza de gravedad.

No cabe duda del enorme impulso centrífugo que aspira a materializar el Presidente con su planteamiento. Mal podría expresarse su oposición a él, ni por demagógico que fuera.

Todos soñamos con la paz, las FARC llevamos 49 años clamando por una solución política. De hecho en las últimas tres décadas hemos sido protagonistas de varios ensayos por alcanzarla.

Con esa convicción estamos ahora dialogando en La Habana. Y francamente creemos que el gobierno nacional demoró mucho en salir a defender el proceso de manera abierta y valiente.

Enhorabuena que el propio Santos salga a hacerlo ahora. Escuchar tal decisión en los labios de un genuino representante de la más rancia oligarquía militarista colombiana resulta alentador.

Compete ahora al pueblo colombiano determinar cuánto del discurso presidencial corresponde a la verdad y cuánto hace parte de un esfuerzo por captar la voluntad popular para su reelección.

Porque lo que muestra la experiencia del país, remontándonos incluso a los comuneros del Socorro, es que los gobernantes prometen e incumplen cuanto se acomode a su conveniencia.

¿Acaso cuando el Presidente Santos habla de paz con justicia social, está pensando en reversar las locomotoras infames y depredadoras que tienen a la Colombia rural al borde del estallido?

¿Estará dispuesto, a manera de muestra, a acceder a la conformación de la zona de reserva campesina en el Catatumbo, contrariando la oposición declarada de su ministro de la defensa?

La vocación sincera de poner la paz con justicia social por encima de cualquier rebuscada consideración sobre la seguridad, implicaría el acuerdo inmediato de un cese el fuego bilateral.

¿Por fin va Santos a concertarlo? Se lo agradecerían en el alma las comunidades del nordeste antioqueño, Arauca, Meta y tantas otras regiones bombardeadas indiscriminadamente por la FAC.

Como aplaudiría la nación inconforme la abolición del sanguinario ESMAD y la prohibición del trato militar a la protesta, que dejan impunemente más muertos y heridos del pueblo cada vez.

¿Será que ahora sí aceptará el gobierno nacional la discusión en la Mesa en torno al latifundio y la concentración de la propiedad rural en pocas manos? Son temas elementales de justicia social.

Las políticas neoliberales de flexibilidad laboral, privatizaciones y apertura económica, que son lo que el gobierno llama modelo económico, y que multiplican la injusticia, ¿serán modificadas?

La doctrina de seguridad nacional y la militarización escandalosa del país, responsables del paramilitarismo, la guerra sucia y el terror antidemocrático ¿serán desmontadas en aras de la paz?

Hasta el momento, lo que se ha visto del presente gobierno es la profundización del modelo injusto y el incremento de la represión. Cosas que el Presidente se niega a discutir.

Y a las que llama prosperidad, seguramente porque hacen más ricos a los más ricos. La guerra fratricida continúa al tiempo que se anuncia su refuerzo con más pie de fuerza, aviones y drones.

De donde parece que para el Presidente la paz es igual a la victoria, a la simple rendición y entrega de las FARC en la Mesa de La Habana. Nosotros y el pueblo colombiano pensamos distinto.

Justicia social es poner fin a la inequidad y la explotación, es atender los clamores de quienes sufren por causa del sistema, es crear una democracia verdadera.

Eso es paz, desterrar para siempre el empleo de la violencia y el miedo contra la oposición política. Que se pueda disentir sin sufrir la amenaza, la desaparición, la cárcel o la muerte.

Propósitos que aunque quisiéramos se realizaran hoy, no podemos desechar porque no se hayan alcanzado en determinada fecha. En nuestro parecer no importa el tiempo que lleve lograrlos.

La paz es un asunto muy serio, en el que hay que trabajar con los sentidos bien despiertos. Ni nosotros ni el pueblo podemos olvidar el riesgo de que nos metan un buen gato por liebre.

Una es la paz que se anuncia en carteles de campaña electoral. Y otra la que interesa de verdad a la gente humilde de Colombia. Está bien claro cuál es la del gobierno. Y cuál es la de las FARC-EP.