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Miércoles, 18 Noviembre 2015 00:00

LA PAZ SE LLAMA DESARROLLO RURAL Y AGRARIO.

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 Por: Antonia Simón Nariño, integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP

Como primer punto  de  La Agenda de los Diálogos en La Habana se planteó la cuestión  acerca del desarrollo rural y agrario para la democratización y la paz con justicia social de Colombia, precisamente porque es en el campo colombiano donde se encuentra la mayor riqueza nacional, suficiente para dar rienda suelta al progreso de la nación.

 Para el campo  no existe la atención ni acompañamiento requeridos; políticas públicas para garantizar su papel en la dinámica económica; cubrimiento de necesidades básicas de la población, tecnología, créditos, ni instituciones públicas que acompañen al campesinado.

Hacer un somero análisis de la problemática agraria; sus percances, luchas y resistencias nos remite directamente a observar su génesis,  sujeta  a la aparición de intereses económicos trasnacionales extractivistas, que han desencadenado graves consecuencias para el agro colombiano, desacreditando al tan pomposo desarrollo y progreso anunciado por el Estado.

 Las FARC-EP presentamos al país desde La Habana, cien propuestas que expresan la imperiosa necesidad de solucionar la problemática del campo. En ese sentido exigimos la práctica de una verdadera democracia  que se refleje  en la  ejecución de políticas públicas que prioricen  la solución a la problemática del territorio y sus bienes sobre los que recaen los proyectos imperialistas de explotación y desposesión.

El campo colombiano a pesar de ser bastión de riqueza natural   se debate, entre la miseria y la desaparición, pues recae sobre este el desaforado desenlace de un conflicto  concebido por los impetuosos desmanes de riqueza de las castas dirigentes que  ligadas necesariamente a su carácter de clase responden a la dinámica mundial de  abastecimiento, dilatación  y sostén del modelo económico imperante  que ha traído como consecuencia la perturbación del bienestar social del pueblo y la obstaculización del impulso económico; factor fundamental para el desarrollo de toda sociedad.

La comunidad campesina, indígena y afrodescendiente, sufre el flagelo de la violencia. Son miles de mujeres y hombres, compatriotas víctimas de la miseria, el hambre, el desplazamiento y salvajes prácticas de desposesión. El Estado enajena toda responsabilidad y presenta como joya de privilegio  la “apertura económica”, dejando nuestra economía rezagada en virtud de mercados extranjeros, industrias transnacionales, tratados lesivos a la soberanía toda una implementación del modelo económico neoliberal.

El hecho de que el 32% de la población colombiana  viva en el campo y que el 75 % de  los municipios sean rurales evidencia la urgente necesidad de una esmerada atención y administración, más sin embargo la realidad demuestra que las deficiencias al respecto son inmensas; acaparamiento de grandes extensiones de tierra (aproximadamente 39 millones de hectáreas) por parte del latifundio, de las 21 millones de hectáreas aptas para el cultivo, solo  4 millones se cultivan.  A esta problemática del abandono del campo se suma la atención centrada en el sector minero energético que relega aún más  el desarrollo y asistencia real al campo, pues la prioridad se ubica en la extracción y explotación. Para  2012 el gobierno declaraba como reserva estratégica minera 17,6 millones de hectáreas. En la actualidad 5,8  millones de hectáreas están dedicados a la minería. Los proyectos hidroeléctricos no cesan    de romper con el medio ambiente natural y social en que son edificados; desplazamiento de familias campesinas, modificación climática que trae como consecuencia la frustración de las cosechas y más y más pobreza.

Las políticas económicas impuestas arrasan sin límites con elementos básicos de abastecimiento de toda la humanidad rompiendo  las condiciones propicias de un  medio ambiente sostenible en  el presente y el futuro.

Nuestra presencia en La Habana  se une a las manifestaciones populares y ratifica nuestra obstinada razón de lucha por exigir el bienestar para todo el pueblo colombiano, en esa medida postulamos  la necesidad de la solución política  al  conflicto y esto no arranca de otro lugar que no sea el campo colombiano.

Es por eso que las cien propuestas recogen las cuestiones centrales en materia agraria y rural como requisitos ineludibles para dar rienda suelta a cualquier deseo de búsqueda de la paz. Pues esta solo es posible cuando el hambre no sea más que un recuerdo cercano al olvido pero solo como resultado de la reconstrucción de nuestra sociedad sobre bases de cambio total de las condiciones de vida.

En la actualidad  la economía colombiana es dependiente,  rezagada, atrasada, limitada y obstaculizada, por la clase ociosa en el poder.

Las mayorías, los más de esta Colombia somos  los directamente afectados en la gran hecatombe del sistema, pero también la gran parte activa,  el elemento determinante del modelo económico, la historia todavía está comenzando.


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Antonia Simón Nariño

Integrante de la Delegación de Paz FARC-EP

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