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Viernes, 13 Noviembre 2015 00:00

Poligrow, la otra amenaza sobre Mapiripán

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Por: Fidel Rondón, integrante de la Delegación de Paz FARC-EP


¿Qué tiene de atractivo las tierras de sabanas onduladas, surcadas por ríos, lagunas y morichales, plagadas de mosquitos y paludismo en el municipio de Mapiripán en el Meta? Fuera de su valor específico escondido de su entorno natural, la región es atractiva por su potencial agroindustrial al pertenecer a uno de los siete Municipios que conforman la altillanura colombiana. Considerada la última frontera agrícola del país, es aquí donde el Gobierno Nacional estimula iniciativas económicas de gran escala incitando la extranjerización del territorio (Puerto Gaitán, Puerto López y Mapiripán en el Meta, y La Primavera, Santa Rosalía, Cumaribo y Puerto Carreño, o sea todo el Departamento del Vichada), desamparando a los habitantes y pueblos originarios como los Sikuani, Puinave, Jiw y Kurripaco que conservan sus idiomas y prácticas ancestrales en el uso del suelo.

Desde el año 2008 el consorcio multinacional Poligrow, con su sede principal en España, se instaló en la región. El Grupo Poligrow y sus aliados nacionales han aprovechado exitosamente la precariedad de los derechos sobre la tierra en Colombia: El origen irregular de la propiedad, las titulaciones de baldíos a personas ajenas a la región, la adjudicación de territorios ancestrales a terceros no indígenas, todo facilitado por prácticas de corrupción en el Incora/Incoder, y las oficinas de notariado, registro y catastro.

De esta manera la empresa de palma aceitera Poligrow ha sumado, segúnla Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Martín, los predios los Macondos, las Toninas, Barandales que suman 9.800 ha. Yamú y el Bogante de socios estratégicos, más la hacienda Santa Ana, de los herederos de Dumar Aljure que tiene una extensión de 70.000 ha. Mediante el ilícito de acumulación de UAF (Unidad Agrícola Familiar), ha fraccionado los predios y adjudicando cada parte a testaferros. La meta de la multinacional a 2016, es sembrar 15.000 ha. de palma, incentivado por la promoción del gobierno colombiano a la inversión extranjera en la Altillanura. Así el grupo Poligrow se hace tenedor ilícito de baldíos de la nación ya que sus primeros adjudicatarios, fáciles de desplazar, solo han tenido durante años derecho de posesión.

Igual ocurre con las comunidades indígenas Sikuani y Jiw donde Poligrow ha usurpado los derechos territoriales sobre los predios Yamu y Casuarito para siembra de palma y ha restringido la movilidad para las actividades de caza, pesca y recolección, además las prácticas culturales en sus sitios sagrados localizados en la plantación Los Macondo, Casuarito y Yamú. En Mapiripán se han constituido a través del tiempo los resguardos indígenas de Caño Ovejas, Caño Jabón, Charco Caimán, Mocuare, Monte Alto, Chaparral, Chaew y Morichal, que suman más de 36 mil hectáreas, ahora amenazados por el desplazamiento interno. Poligrow ha violado flagrantemente convenios de la OIT que señalan que las empresas deben obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas para adelantar actividades o proyectos que puedan afectar sus derechos.

El éxodo violento de los indígenas facilitó la compra, por la fuerza o a precios irrisorios, de predios de campesinos e indígenas. Usurparon baldíos en la vereda El Mielón, donde se plantaron 12 mil hectáreas de palma por parte de la Sociedad Agropecuaria Villa Diana que adquirió las fincas El Secreto I, II y III (4.656 hectáreas), adjudicadas por el Incoder. En esa sociedad aparece Eduard Mattos, miembro de una familia de ganaderos del departamento del Cesar, investigados por vínculos con paramilitares.

En Mapiripán las compraventas masivas de tierras y la acumulación de UAF, más la apropiación de baldíos por parte de Poligrow, tuvo como cómplice gubernamental a la alcaldesa Maribel Mahecha Hernández (2001-2003 y 2008-2011), además de ser investigada por supuestos vínculos con el ERPAC.

La red corporativa Poligrow, con empresarios nacionales y extranjeros está en el negocio de producir materia prima en países donde el mercado de tierras se abarató de forma artificial para beneficiar su extranjerización (el predio Barandales a $2.300 ha., por ejemplo), para desarrollar biocombustibles con importante impacto en la reducción de emisiones. Colombia es el cuarto productor de palma de aceite en el mundo,siendo la Unión Europea el principal destino de las exportaciones, El 40,7% del aceite de palma se exporta a Holanda. Incentivar la producción de oleaginosas para la exportación de agro combustibles para el mercado extranjero no se compadece con el daño social y ambiental dejado en nuestros territorios, y lleva a la nación a extranjerizar sus medios de producción de alimentos.

Es ingente para el país la realización de una reforma rural y agraria integral que Prohíba o establezca límites estrictos según el caso, a la extranjerización de la tierra y el territorio, y que revise las políticas que la propician, o que promueven su acaparamiento en manos de consorcios transnacionales. Que se establezca una protección especial de los territorios campesinos e indígenas contra el mercado especulativo de tierras, su extranjerización o la especulación financiera de la misma. Que se prohíba la compra de tierras en grandes extensiones por parte de empresas transnacionales, aunque se podrán considerar excepciones, estableciendo límites. Un gobierno que se comprometa a defender soberanamente el territorio de la voracidad multinacional que se cierne sobre la explotación de la tierra, será aquel elegido para que empiece a construir la paz para Colombia.


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Fidel Rondón

Columnista del Jueves
Integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP

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