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Martes, 14 Abril 2015 00:00

Temas pendientes en la Mesa

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Por Milena Reyes.
Delegación  de paz de las FARC-EP

En los últimos años Colombia ha facilitado la entrada de más de 700 transnacionales al país, la mayoría dedicadas a la extracción de las riquezas de la nación. Recientemente un estudio elaborado por la ONG británica Programa Global del Dosel, nos ubica dentro uno de los 500 países responsables de deforestación global, presentado en febrero del presente año. Hecho que nos pone a pensar en el futuro de todas y todos los colombianos. Además de la deforestación, encontramos la contaminación hídrica a causa de los residuos industriales y la explotación a cielo abierto de las riquezas naturales, en 16 departamentos de Colombia que se encuentran en manos de las transnacionales americanas,  canadienses, británicas y holandesas.

Es el caso de Chocó, uno de los departamento con mayores índices de explotación minera a cielo abierto, factor que ha generado el mal uso del agua y el territorio. Una trasnacional está gastando en un día 2 millones de litros de agua para la extracción de oro de una roca; la misma cantidad que consume un ser humano durante sus primeros 35 años de vida; agua que se vaporiza, afectando al medio ambiente, ya que los ácidos se esparcen por el aire causando problemas de salud a la población, principalmente a la niñez y a las mujeres embarazadas que respiran el aire contaminado, lo que con el tiempo genera malformaciones a sus bebés, problemas respiratorios, y todo tipo de daños que atentan contra la vida.

Santander es otro de los departamentos amenazado por la minería a gran escala, allí se encuentra el páramo de Santurbán, que beneficia 20 municipios del gran Santander, cuya población se ha movilizado rechazando la entrada de las grandes empresas mineras; asimismo, municipios de ese departamento como Sabana de Torres y Barrancabermeja, donde están próximos a iniciar proyectos piloto para extracción de petróleo con el método de fracking; por lo que la población ha convocado una protesta para el próximo 24 de abril, en la ciudad de Bucaramanga. 

Este tema de la explotación minero-energética es uno de los que están pendientes en la Agenda de la Habana, conocidos como salvedades, porque el gobierno colombiano se niega a abordarlos, mientras que por parte de la insurgencia se insiste en la necesidad de ponerlos sobre la Mesa. Ver propuestas mínimas de la insurgencia primer punto de la Agenda Tierras

En ese sentido, como primera medida las FARC-EP han propuesto darle un carácter estratégico a las riquezas naturales  por su valor y lo que representa para el futuro de los colombianos y colombianas; a la vez que se haga una revisión de los contratos y concesiones firmados con las empresas extranjeras para recuperar estas riquezas y que pasen a manos de la nación nuevamente.

En segundo lugar, delimitar las áreas de explotación de los recursos no renovables, como el petróleo y que su extracción sea de acuerdo a las necesidades de la economía del país   y a los intereses de los colombianos.

Asimismo, suspender por tiempo indefinido títulos mineros y licencias para la explotación de minas por parte de cualquier empresa que atente con la soberanía y el medio ambiente, hasta que no se realicen estudios socio-ambientales y la consulta previa con la población de los territorios y así garantizar el cuidado de la naturaleza, las reservas hídricas del país y la sostenibilidad de estos proyectos.

Además prohibir la minería a cielo abierto, en los territorios considerados reservas de la humanidad como es el caso de los páramos, o en  parques naturales y zonas de reserva para el desarrollo de la actividad agrícola.

También se propone, reparar a las víctimas de daños socio-ambientales generados por los métodos y formas de la extracción de las riquezas  minero-energética en cabeza de las empresas trasnacionales y del  Estado por permitir el saqueo de forma arbitraria de los bienes de la nación.    

Adicionalmente se ha planteado la necesidad de proteger y acompañar por parte del Estado la minería artesanal, garantizando los medios y recursos que faciliten la extracción de los minerales y a la vez se contribuya a la preservación  del medioambiente. Que sean  respetados los derechos de los mineros artesanales y tradicionales las costumbres y cultura de los pueblos que históricamente se han dedicado a esta actividad.

Que se reconozcan y  legalicen los títulos, en manos de pequeños y medianos mineros que han trabajado toda su vida en la mina y se generen políticas educativas y sociales que ayuden a acabar la criminalización y persecución de la actividad minera artesanal por parte de empresarios y  el Estado.

Estos son algunos de los temas que el gobierno no quiere abordar en la mesa.


URL corto:  http://goo.gl/wzGqab

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Milena Reyes

Integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP
En tuiter: @FARC_MilenaR

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