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Jueves, 31 Octubre 2013 00:00

La paz en los territorios

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En los territorios es donde más se ha sentido el conflicto interno, cuando hacemos referencia a esta categoría se entiende por grandes espacios del país urbano y rural, según las definiciones establecidas en la Constitución Política de Colombia. Las causas de dicho conflicto, su cobertura y consecuencias exigen definir políticas bien claras para la paz. Con ese propósito las FARC-EP, en lo que va de los diálogos de paz hemos presentado 188  propuestas (Leer propuestas Primer Punto, Segundo Punto) de las cuales están el congelador las de reordenamiento territorial, el latifundio, la extranjerización de la tenencia de la tierra y la minería, entre otras, sobre las que no hemos podido lograr acuerdos con el gobierno.

En el tema de participación política aspiramos lograr acuerdos sobre políticas públicas dirigidas a erradicar la pobreza extrema interpretando los principios definidos en el preámbulo de Acuerdo General de la Habana que pueden desarrollarse en el segundo punto de la Agenda y considerando que se deben hacer prontos esfuerzos para sacar de la indigencia a unos 15 millones de colombianos.

No puede negarse que la difícil situación de conflicto que viven los territorios va mucho más allá de la confrontación armada y el engendro siniestro del narco-paramilitarismo, la parapolítica y sectores empresariales tomó control institucional y capturó los recursos públicos. El corolario ha sido la proscripción de los derechos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales de la población.  

No puede sustraerse de un plan de paz la obligación del Estado de hacer una reparación integral a las comunidades urbanas y rurales en los territorios como máximo responsable de la ilegalidad e ilegitimidad institucional. Para esta reparación integral hemos propuesto medidas efectivas de orden político, económico, social, cultural y ambiental.

Entre las medidas está el Fondo de compensación para superar las desigualdades sociales, la pobreza y la miseria, este será complementario al Fondo para la compensación de las regiones del Fondo Nacional de Regalías.

Planteamos reformar el régimen del Sistema General de Participaciones, garantizando una asignación de recursos de incremento gradual de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), hasta alcanzar un mínimo del cincuenta (50) por ciento de los ICN en un término de cinco años. Los recursos asignados privilegiarán la financiación de la oferta pública estatal, para atender prioritariamente las necesidades en educación y salud, y seguidamente otros gastos sociales en saneamiento básico y agua potable, cultura y recreación.

Con miras a garantizar la mayor participación política y social en la definición de los asuntos nacionales y territoriales, en sus aspectos políticos, económicos, sociales, ambientales, presupuestales, administrativos y de ordenamiento, hemos propuesto crear el Consejo de la Participación Territorial.

Consideramos que se debe garantizar la participación de las comunidades urbanas en la planificación, definición de presupuestos y control de cumplimiento de los planes, programas y del conjunto de las políticas públicas. Las comunidades urbanas deben recuperar la posibilidad de una acción política ampliamente democrática, en consecuencia se deben desmontar las maquinarias violentas institucionalizadas.

La consulta previa respecto a planes como la explotación de recursos naturales u obras de infraestructura en sus territorios, el reconocimiento de los derechos políticos y las circunscripciones  electorales especiales a las comunidades rurales deben ser parte de la esencia fundamental de un acuerdo con el gobierno.

madres campesinasLa iniciativa de la Cámara Territorial busca fortalecer la presencia en el poder legislativo de las comunidades urbanas, campesinas, indígenas y afrodescendientes que aseguren la reivindicación de sus intereses, proyectos de desarrollo y el cumplimiento de planes nacionales y programas que aseguren la construcción de las bases materiales y espirituales de la construcción de una paz estable y duradera. Igualmente el gobierno debe cumplir las obligaciones que mandatan la igualdad de género y cumplirle, especialmente a las mujeres  más vulnerables, la deuda histórica por tanta discriminación.

La reconciliación de la familia colombiana debe ser sobre la base de sólidos pilares democráticos para que la diferencia en el ejercicio de la acción política, social e institucional asegure el desarrollo y bienestar del país y sus regiones. En ese sentido deben pactarse reformas institucionales que garanticen la máxima reparación de los daños causados por el abandono, las lesivas políticas del Estado, su descomposición, su degradación de sus formas represivas y por las consecuencias del grave conflicto interno. Esa reparación es una necesidad inobjetable.

 

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Rubén Zamora

Integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP.
Email: rubenzamor87@gmail.com

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