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Domingo, 28 Julio 2013 00:00

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La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, julio 28 de 2013

El optimismo de los colombianos en la posibilidad real de lograr la reconciliación nacional, sobre bases de justicia social, no puede ser atropellado por quienes, mientras lanzan al mundo discursos de paz, persisten en mantener y profundizar las causas de la confrontación, una de las cuales es sin duda el problema de la tenencia y uso de la tierra.

De nada serviría hablar en La Habana de la limitación de la propiedad de la tierra, del freno a su extranjerización, de su formalización a favor de los pobres y de la soberanía nacional, si el gobierno convierte lo acordado en palabras vacías que se las lleva el viento.

La inaplazable reforma agraria ligada al anhelo de paz, no puede quedar reducida a una burla de poderosos grupos económicos, banqueros y propietarios de emporios azucareros que posan de “nuevos llaneros”, con “repentinas” ansias de tierra, que avanzan poniendo por delante a abogados tramposos y mafiosos que operan bajo el manto de la más descarada impunidad y protección gubernamental.

Como se deduce del tratamiento infame que se le está dando a las justas protestas de los pobladores del Catatumbo, al gobierno no le interesa defender al campesino pobre, sino los sacrosantos derechos del capital. Hasta se ha inventado un nuevo proyecto de ley, como supuesta solución salomónica, para que los forajidos enmascarados que ostentan un gran músculo financiero y han actuado con probado ingenio delictuoso en sus labores de acaparamiento de tierras y Unidades Agrícolas Familiares, no vayan a perder su inversión.

¿Acaso vamos a permitir que la sentencia de la Corte Constiucional que tumbó los artículos 60, 61 y 62 del Plan Nacional de Desarrollo, que pretendía abrirle paso al acaparamiento de las tierras por parte de grandes empresarios, sea escamoteada por el Bufete de abogados de la firma Brigard y Urrutia que trabaja para Riopaila Castilla S.A., Cargill, Fazenda y Sarmiento Angulo?

¿Vamos a permitir que por atajos y con triquiñuelas empresarios apátridas y trasnacionales representados en  Poligrow, Cementos Argos, Mónica Semillas o Inversiones Manuelita, montados en la llamada “locomotora de la prosperidad”  violen todas las prohibiciones que existen para acumular baldíos y atropellen impunemente las pocas normas decentes de la legislación colombiana,  haciéndose a propiedades situadas en zonas donde se produjeron masacres y desplazamientos forzados, como si no pasara nada?

El país necesita saber quiénes son esos “campesinos” sospechosos que vendieron sus UAFs  de 1.100 hectáreas a las trasnacionales, a mil millones de pesos, cada una. Urge conocer la verdad, porque la mayoría de esas tierras fueron despojadas violentamente por el paramilitarismo de Estado.

El gobierno en vez de inventarse trucos para  feriar la Altillanura y legalizar los acaparamientos producidos antes de 1994, o los posteriores, en vez de reeditar su intento de tomar las UAF con el cuento de la “flexibilización necesaria” y el argumento de que se requieren los “favores” de la inversión extranjera o del músculo financiero de “inocentes empresarios “ que no sabían que violaban la ley, debiera quitar el antifaz a estos negociantes, a sus testaferros y a sus notarios y jueces de bolsillo,  para demostrar con hechos que no está dispuesto a permitir que se acreciente la injusticia que ahoga al campo y la ilegalidad que ha capturado al Estado.

El gobierno está obligado a defender la diafanidad de su compromiso con la paz propiciando que se devuelvan urgentemente las tierras acaparadas, como los subsidios y excenciones tributarias que fluyeron también hacia estos timadores. La justica ejemplarizante contra estos sujetos y la reivindicación de los derechos de la gente del campo que clama por que se le formalice la tierra y sus zonas de reserva, hacen parte fundamental de la construcción de paz.

Recordemos que el acuerdo parcial sobre tierras logrado en La Habana consigna textualmente, que: “El gobierno nacional en concertación con las comunidades, y teniendo en cuenta lo planteado en los principios del presente acuerdo, promoverá el acceso a la tierra y la planificación de su uso en las Zonas de Reserva Campesina, haciendo efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de las zonas constituidas y de las que se constituyan en respuesta a las iniciativas de las comunidades y organizaciones agrarias que éstas consideren representativas, de manera que cumplan con el propósito de promover la economía campesina… se promoverá la participación activa de las comunidades que habitan en las Zonas de Reserva Campesina en la ejecución de sus planes de desarrollo”.

Y más adelante plantea que: “:La constitución de las zonas estará acompañada de procesos de formalización de la propiedad… Con el propósito de regularizar y proteger los derechos de la pequeña y mediana propiedad rural, es decir, garantizar los derechos de los legítimos dueños y poseedores de la tierra…, y como garantía contra el despojo de cualquier tipo, el gobierno nacional formalizará progresivamente, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, todos los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia”.

Es hora de empezar a cumplir y dejar de reprimir. Es extraño que este asunto lo maneje el ministerio de Defensa -que sólo mira con el ojo de la consolidación militar- y no el ministerio de agricultura. Es hora de abandonar el argumento rebuscado de que no se dará paso a la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo por su ubicación geográfica colindante con la República Bolivariana de Venezuela.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

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