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Lunes, 08 Julio 2013 00:00

Propuestas 8, 9, 10 y 11 - Reestructuración democrática del Estado y la reforma política

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Señor ministro Carrillo: Con soberbia no se puede pretender evadir los compromisos y deberes sociales del Estado. Para justificar la represión, usted no puede acusar a los labriegos del Catatumbo y sus voceros de estar infiltrados o pertenecer a las FARC. No hay que estigmatizar, sino mirar a sus pobladores como lo que son: campesinos, gente humilde, que desde antes, mucho antes de iniciarse el proceso de La Habana, con justa agenda y con propia voz, han clamado pacíficamente por sus derechos conculcados.

 

Por lo demás, La Habana es espacio donde intentamos encontrar caminos de paz para nuestro país; entonces, ¿por qué demeritar con expresiones desafortunadas esta causa? Ojalá Colombia toda se pudiera convertir, ya mismo, no en una sucursal de tal emprendimiento, sino en el escenario principal donde se forje la justicia, el entendimiento y la reconciliación que involucre a todas y todos nuestros compatriotas sin excepción.

 

Estamos de acuerdo en buscar las maneras de hacer política sin armas, pero no puede entonces el gobierno criminalizar y responder con balas a la protesta social.


La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, julio 8 de 2013

 

Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional

 

Once propuestas mínimas para la reestructuración democrática del Estado y la reforma política (Continuación)

 

8. Participación ciudadana y reforma democrática a la justicia

El derecho político a la participación comprende el derecho a exigir una administración de justicia independiente, transparente y oportuna. La judicatura democrática es uno de los pilares del Estado social de Derecho. Por tal razón, se promoverá, con la más amplia participación social y popular, una reforma democrática a la administración de justicia. Dicha reforma debe liberarla de su escandalosa politización, devolverle su independencia como rama del poder público y convertirla en un presupuesto indispensable para la paz. Ello presume, entre otros, superar la condición actual de justicia corporativa y su estructura “frentenacionalista”; desligar la conformación de las altas Cortes de toda injerencia de los poderes ejecutivo y legislativo y promover, en lugar de ello, la elección transparente a través del concurso público y el mérito; y suprimir el Consejo Superior de la Judicatura, principal fuente de clientelismo y corrupción. La reforma democrática a la justicia debe reconocer y promover el pluralismo jurídico, así como las formas de justicia comunitaria.

 

9. Elección popular de los representantes de los organismos de control y de otras instituciones públicas.

Atendiendo el principio que quien controla no debe ser elegido por el controlado, y los límites éticos de una politización de los organismos de control, y con miras a ampliar la participación ciudadana, social y popular, el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República serán de elección popular, previa presentación de propuestas programáticas y de compromiso efectivo con las funciones establecidas en el ordenamiento jurídico. La elección popular procederá en el nivel subnacional. Se contemplará la revocatoria del mandato. La elección popular también procederá para el Fiscal General y el Defensor del Pueblo.

 

10.  Reforma política democrática y electoral

Una profunda reforma política se ha constituido en una necesidad inaplazable, si se consideran las características clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas del régimen político. Tales características, además de generar el desprestigio y la pérdida de legitimidad del ejercicio de la política a través de los canales institucionales, se constituyen en un obstáculo fundamental para la participación ciudadana, social y popular. La reforma política comprenderá el sistema político y de representación, el sistema de partidos y el sistema electoral. Su propósito principal consistirá en generar las condiciones para una recuperación del valor de la política y de su organización institucional en la forma de democracia electoral, sin perjuicio de otras formas democráticas de la participación social y popular. La reforma debe asegurar la contienda política en equidad e igualdad de condiciones, con regulaciones y representaciones especiales para las minorías políticas, las mujeres, los jóvenes, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y demás sectores sociales excluidos; debe reconocer una mayor participación del país regional y territorial a través de la Cámara Territorial; debe recuperar para el poder legislativo iniciativas en materia de planeación, presupuesto, y eliminar su injerencia en el poder judicial, los organismos de control y el poder electoral, entre otros. La reforma debe propiciar la oposición política, incluida la formulación del Estatuto de la Oposición; limitar y prohibir, según el caso, la injerencia de los intereses privados capitalista en las entidades públicas, especialmente a través de la financiación estatal de las campañas políticas; impedir que las campañas electorales se constituyan en empresas rentables para la apropiación de dineros públicos; promover la consolidación de los partidos y movimientos políticos y sociales; garantizar su financiación y democracia interna; regular los avales y las coaliciones políticas, entre otros. Se depurará el censo electoral; se procederá a una cedulación masiva y gratuita; se establecerá el voto electrónico. Para tal efecto se dispondrán los recursos de presupuesto a que hubiere lugar. Las empresas encuestadoras de opinión electoral serán sometidas a regulaciones especiales.

 

11.  Reforma democrática del Poder electoral

El poder electoral en cabeza del Consejo Nacional Electoral debe ser democratizado en profundidad y reestructurado en su composición, a fin de ejercer un control efectivo sobre los partidos políticos y los movimientos políticos y sociales, y sobre el proceso electoral. Sus miembros deben ser elegidos de manera directa, garantizando la participación de los partidos políticos y de los movimientos políticos y sociales, así como de las mujeres, los jóvenes, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y demás sectores sociales excluidos. Se debe garantizar el control y la veeduría ciudadana sobre la Registraduría Nacional del Estado Civil, especialmente en lo referido a la depuración del censo electoral y la cedulación masiva y gratuita.

 

Delegación de Paz FARC-EP

 

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