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Viernes, 08 Junio 2001 02:05

Del campamento guerrillero a la sede de los diálogos en el Caguán, Colombia

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«Relato contextual de un diálogo de tres combatientes de las FARC-EP sobre sus incidencias diarias.»

Por Gabriel Ángel

Pedro y Mariana son miembros de la Comisión Temática de las FARC-EP  junto conmigo y otros siete compañeros más. Quería simplemente contarles acerca de nuestro viaje matinal de hoy desde el campamento donde estamos ubicados hasta Villa Nueva Colombia. Pero me resulta imposible hacerlo sin hacer algunas referencias mínimas que le permitan al lector ubicarse en el contexto geográfico, histórico y político dentro del cual nos estamos moviendo.

El caso es que en Colombia existe desde hace 37 años una organización guerrillera, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP, a la cual estoy vinculado desde hace catorce años como combatiente activo. Su origen histórico se remonta al año de 1.964, cuando en desarrollo del Plan Laso, diseñado en el Pentágono para aplastar las luchas populares en América Latina, no fuera a repetirse en otro país la experiencia de la revolución cubana, miles de hombres del Ejército de Colombia, apoyados por aviones y helicópteros, agredieron una región de colonización campesina llamada Marquetalia, en el sur del departamento del Tolima.

En dicha región habitaban campesinos comunistas organizados para hacer frente a la adversidad del medio ambiente selvático, al que habían ido a parar huyendo de las sucesivas persecuciones  que en desarrollo de la guerra fría posterior a la segunda guerra mundial, prohijaban los Estados Unidos contra los supuestos agentes de la Unión Soviética, y que cumplieron con celo excesivo los gobiernos conservadores colombianos, particularmente después del 9 de abril de 1.948, cuando se asesinó por cuenta del régimen a Jorge Eliécer Gaitán, el más grande caudillo popular del siglo XX en Colombia, cerrando las puertas de manera violenta a una renovación radical de las costumbres políticas.

Encabezados por Manuel Marulanda Vélez, un muchacho campesino que se vio obligado a enmontarse con las guerrillas liberales tras la muerte de Gaitán, y que se había curtido como combatiente durante los primeros años de la década del cincuenta, ahora comunista y perspicaz líder agrario en Marquetalia, los cuarenta y ocho campesinos que se alzaron en armas con el propósito risible para muchos de sus enemigos, de conducir al pueblo colombiano, tras una larga lucha armada, a levantarse para derrocar el régimen y construir un país más justo y democrático, resultaron imbatibles para las fuerzas militares colombianas.

Y no fue sólo que no hubieran logrado exterminarlos. Sino que se crecieron hasta el punto de constituir hoy una inmensa organización guerrillera con visos de verdadero ejército irregular, distribuida en más de sesenta frentes por todo el territorio nacional, con capacidad para controlar zonas enteras del país y  para imprimir contundentes derrotas a las fuerzas regulares del Estado colombiano. De hecho hace unos pocos días se firmó un acuerdo humanitario para el intercambio de prisioneros de guerra enfermos, pues en las cárceles del régimen se hacinan varios miles de combatientes o colaboradores presos, mientras las FARC-EP mantienen privados de la libertad a más de quinientos policías y soldados, con oficiales y suboficiales incluidos, capturados en distintos combates durante los últimos tres años.

En los primeros años de la década del ochenta del siglo pasado, se inició un proceso de conversaciones entre la dirigencia de las FARC-EP y el gobierno del presidente Belisario Betancur. Las guerrillas eran considerablemente más pequeñas que lo que son hoy, casi veinte años después. Se buscaba un acuerdo que permitiera una solución dialogada, de carácter político, capaz de propiciar  la desmovilización de los rebeldes y su reincorporación a la vida civil a cambio de profundas reformas económicas, políticas y sociales en beneficio de la mayoría de la población colombiana. El documento final llamado Acuerdos de La Uribe, de ejecución medianamente prolongada, previó la creación de un movimiento político amplio llamado Unión Patriótica, al cual se invitó a sumarse a todos los inconformes del país, y al cual se irían incorporando los guerrilleros en la medida en que el gobierno fuera realizando las reformas y brindando garantías para el ejercicio libre de la actividad política legal.

Al final el acuerdo no pudo materializarse y la guerra volvió a desarrollarse cada vez con mayor intensidad. El régimen colombiano, por intermedio de sus fuerzas militares y de los servicios secretos de inteligencia y seguridad, emprendió una operación de exterminio contra los dirigentes, activistas y simpatizantes del nuevo movimiento político. Senadores, Representantes a la Cámara, Diputados, Concejales, Alcaldes, bastaba con haber sido elegidos por la Unión Patriótica para ser asesinados. Hasta la fecha de hoy, el número de víctimas asciende a más de cuatro mil, y el movimiento desapareció del escenario nacional. El gobierno neoliberal de Cesar Gaviria Trujillo puso fin al proceso con el ataque sorpresivo a Casa Verde, el cuartel general en donde se hallaba la máxima comandancia de las FARC-EP. Desde entonces la confrontación se ha agudizado.

Paralelo al exterminio de la Unión Patriótica, el régimen toleró la descarada conformación de grupos paramilitares  financiados por narcotraficantes, terratenientes y empresarios, entrenados por unidades del Ejército regular y protegidos por ellos, aunque públicamente lo nieguen con desfachatez. Dichos grupos emprendieron unas acciones violentas sin antecedentes en la guerra colombiana. Matanzas colectivas de 20, 30, 50 y más campesinos, amenazas, incendios, y toda clase de depredaciones tendientes a conseguir el desalojo de regiones enteras que pasaron a su control. Por lo menos treinta mil colombianos han caído bajo sus manos asesinas, que emplean brutales métodos de muerte como la progresiva mutilación con motosierras y el despedazamiento de los cuerpos. Y más de dos millones se hallan hacinados en las grandes ciudades, desterrados de sus regiones naturales.

En esas condiciones se intenta un nuevo proceso de paz entre el actual presidente Andrés Pastrana y las FARC-EP. La organización guerrillera condicionó la iniciación de los diálogos a la creación de una zona desmilitarizada que permitiera la presencia de los principales mandos de la insurgencia armada, con suficientes garantías para su seguridad. Y que el gobierno nacional se comprometiera a emprender acciones frontales contra el fenómeno paramilitar, las que implicaban la investigación y sanción de los altos mandos militares involucrados. Lo primero terminó en la creación de la zona de distensión, cinco municipios, para un área aproximada de 40.000 kilómetros cuadrados, en la que no existe presencia judicial, militar ni policial por parte del Estado, y en la que su única representación es la de los funcionarios públicos civiles.

Lo segundo no ha pasado de una reiterada promesa oficial. La verdad es que durante la administración Pastrana el crecimiento de los grupos paramilitares de ultraderecha ha sido ostensible, así como la cada vez más influyente presencia en el Congreso de la República, en los consejos gremiales nacionales, en importantes cargos públicos y en las altas cúpulas militar y eclesiástica, de personas que cumplen abiertamente con el papel de voceros políticos de las bandas criminales. El proceso de diálogos iniciado en firme en enero del año 1.999, ha sufrido ya dos largos congelamientos originados en la inconformidad de la guerrilla por la negligencia de las autoridades a enfrentar decididamente el fenómeno, en contravía de sus declaraciones públicas. Pese a ello, el gobierno y las FARC-EP lograron acordar una agenda común que contempla los doce puntos fundamentales para la discusión y acuerdo entre los voceros de ambas partes.

Lo que no quisieron las FARC-EP fue que los diálogos se dieran sin la participación del pueblo colombiano. Y por ello dentro de los mecanismos aprobados, se acordó la creación de una instancia, las Audiencias  Públicas, en las cuales se recogerían las inquietudes y propuestas de todos los interesados en opinar sobre los temas de debate en la Mesa Nacional de Diálogos. Y para ello se construyeron unas instalaciones, la Villa Nueva Colombia, en el corregimiento de Los Pozos, municipio de San Vicente del Caguán, dentro del área desmilitarizada,  a donde  concurren quienes quieran desde cualquier lugar de Colombia participar en el proceso. Para la organización de las audiencias, se conformó un órgano accesorio a la Mesa llamado Comité Temático Nacional, del cual hacen parte diez cuadros políticos de las FARC-EP, diez designados por el gobierno nacional y algunos representantes de distintos sectores de la nación.

Los de las FARC-EP internamente se han llamado Comisión Temática, y son el grupo que se encuentra en algún campamento guerrillero medianamente retirado de la sede de los diálogos a la cual se trasladan diariamente. Y tres de ellos son los que desarrollamos el diálogo, durante el viaje de hoy a la sede en uno de los vehículos asignados. Pedro Aldana proviene al igual que Gabriel Ángel, de la región central de Colombia llamada Magdalena Medio, una de las regiones del país mayormente azotadas por la violencia durante los últimos veinte años. Mariana Páez fue designada por el Bloque Oriental, una estructura de la organización guerrillera que agrupa más de veinte frentes de la parte oriental de Colombia.

La ruta hacia Villa Nueva Colombia es una trocha sin pavimentar, en la que últimamente los fuertes aguaceros del invierno y el tráfico regular de vehículos han ido abriendo una multitud de huecos de todos los tamaños que dificultan la velocidad de los automóviles y agregan una buena dosis de brincos y sacudidas a los viajeros. Como si fuera un riachuelo  que transita mansamente por entre verdes pastizales y nudos de bosques ubicados a izquierda y derecha, la angosta carretera sube y baja por pequeñas colinas, procurando tomar los filos como ruta favorita para su trazado. Cercas de alambre de púa impiden el paso a los animales hacia la carretera, y sin embargo de trecho en trecho se encuentran cabezas de ganado raza cebú, en grupos más o menos numerosos, arreadas por algún vaquero que las traslada a otro potrero, o en número más pequeño pastando tranquilamente por fuera de la propiedad.

Por la ventanilla de la camioneta en que nos transportamos, entra el olor a boñiga fresca de ganado transmitiéndonos la sensación de libertad que tiene el campo. Y de trecho en trecho encontramos más o menos a la orilla de la vía, las viviendas de los campesinos, más bien modestas, en cuyas puertas, ventanas o patios siempre hay asomadas algunas personas, que pueden ser ancianos, niños o mujeres que nos dicen adiós con las manos. Son apenas las seis pasadas de la mañana, pero la claridad es total. En nuestro recorrido también podemos apreciar nubes blancas que se posan aquí o allá sobre las cañadas o cubren uno que otro cerrito, a veces a nivel más bajo que el de la carretera, lo cual nos hace pensar que trozos del cielo se hallan también en esta tierra tropical.

Pedro conduce la camioneta, a su lado viaja Mariana y yo estoy sentado del lado de la puerta derecha. Vamos algo estrechos. El grupo de guardias viaja en la parte trasera de la Hilux. Pedro es grueso, casi calvo aunque no tiene más allá de treinta y cuatro años, y a nosotros nos parece alto, aunque cuando nos cuenta de sus tiempos de estudiante universitario en Leningrado, dice que sus compañeros rusos solían preguntarle si todos los colombianos eran así de bajitos como él. Mariana es una guerrillera bogotana, que terminó Ingeniería de Alimentos aunque jamás ejerció la profesión, por andar metida en actividades conspirativas con la guerrilla urbana de la capital. Tuvo que venirse para el monte a mediados de la década pasada, después que los servicios de inteligencia del Ejército detectaron la red y capturaron a la gran mayoría de sus compañeros, que después aparecieron atados de las manos a la espalda, con varios disparos en la cabeza y  horriblemente quemados en los basureros del sur de la ciudad. Yo estudié abogacía y la ejercí como litigante durante cinco años.

Las noticias que escuchamos por el radio de la camioneta hablan del viaje de Camilo Gómez, Alto Comisionado de Paz, a la sede de los diálogos, para entrevistarse con el máximo comandante de las FARC-EP,  Manuel Marulanda Vélez, con el fin de ultimar detalles para la entrega de los 28 militares y policías enfermos que se intercambiarán por 15 guerrilleros presos en distintas cárceles del país. La fecha no está definida pero se habla extraoficialmente del 10 de junio. Nosotros comentamos que nos gustaría que fuera otro día por cuanto para ese, tenemos programada la Audiencia Pública sobre el tema distribución del ingreso y desarrollo social, con el sector de la tercera edad. Esperamos la asistencia de por lo menos 500 ancianos de todo el país, en representación de múltiples organizaciones de pensionados o de carácter social. Quisiéramos estar presentes en el momento de la entrega de los guerrilleros sacados de la cárcel y que la Cruz Roja Internacional trasladará hasta la zona de distensión. Sabemos que será algo hermoso.

En cierto momento les cuento a mis acompañantes, que ayer hablé con un periodista japonés, que quería saber algo sobre mi libro de cuentos La Luna del Forense, que había recién comprado y me hizo autografiar. Hubo un momento en el que se llenó de indignación. Estábamos hablando sobre el rechazo de todos los gobiernos latinoamericanos a la solicitud de apoyo para el Plan Colombia, que el presidente Pastrana les solicitó directamente durante la gira que realizó el año anterior. Él destacó el caso del Perú de Fujimori, que siendo tan reaccionario, se había opuesto a la política antinarcóticos del Plan Colombia, despertando la ira de Washington. Algo especulamos sobre los motivos de la caída de Fujimori, hablando sobre Montesinos, algunas medidas económicas no favorables a los intereses norteamericanos y su autonomía en materia de la política contra los cultivadores de coca. Todo concluía en que los gringos habían decidido sacarlo y montar otra ficha servil a sus propósitos inmediatos.

Entonces acercó su rostro al mío y me dijo que iba a contarme algo que seguramente yo no conocía. Durante la segunda guerra mundial, los norteamericanos después de Pearl Harbor, habían ordenado a los gobiernos lacayos suyos en América Latina, perseguir a los ciudadanos japoneses residentes en sus países. En el Perú se les privó de sus bienes, se les encarceló, torturó, encerró en campos de concentración y hasta se extraditó a algunos a los Estados Unidos. Una verdadera Endlösung, cometida por el imperio que luchaba contra los desmanes de los nazis italianos y japoneses en el antiguo continente, en contra de hombres y mujeres que tenían la piel de color amarillo, por ese solo hecho.  El ánimo del periodista se alteró con el relato. Quería que le dijera si no era un acto infame, propio de los regímenes totalitarios, llevado a cabo por los que se proclamaban defensores de la libertad en el mundo. Estuve de acuerdo con él.

Sus ojos quisieron llenarse de lágrimas. La ira se había apoderado de él. Los gringos se habían comportado igual que los fascistas con japoneses civiles e inocentes. De un tiempo para acá hablaban de indemnizar a sus víctimas con diez mil dólares por cabeza. Cincuenta años después, cuando la gran mayoría había muerto. Era ridículo y ofensivo a la vez. Entonces me dijo que Fujimori tenía 61 años, que era niño cuando eso ocurrió en el Perú  y que había sufrido y presenciado personalmente el drama de sus paisanos de origen. Que nunca había querido hablar de eso, pero que en el fondo de su alma se escondía un profundo resentimiento contra los Estados Unidos de América. Que él creía que en la conducta final del ex presidente peruano en relación con su oposición a las políticas trazadas por los norteamericanos contra los campesinos del Perú y de Colombia, lo que se había manifestado era su trauma de infancia. Era una especie de respuesta digna surgida medio siglo después. Él no iba a prestarse para que otros seres humanos inocentes pagaran de la misma manera que sus ancestros, por obra de las políticas absurdas de los estadounidenses. Eso le había costado su salida de la presidencia del Perú. El periodista no disimuló su admiración por el gesto de Fujimori, ni el respeto que le inspiraba.

Mariana estuvo a punto de llorar con el relato. Entonces recordé que también había hablado el día anterior con un abogado canadiense que trabaja en el campo de los derechos humanos y que estaba de visita en el Caguán. Él me contó de la represión brutal que el gobierno canadiense había aplicado a los miles de manifestantes que rechazaron la Cumbre de las Américas celebrada en su país en Abril de este año. Me había contado sobre el descenso en el nivel de vida de los canadienses, como consecuencia de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con México y Estados Unidos. Según él, Canadá se había llenado de maquilas y miles de camiones inmensos entraban y salían libremente de su territorio, transportando mercancías para beneficio de las grandes transnacionales norteamericanas, únicas beneficiarias reales del acuerdo, mientras se cerraban industrias canadienses y crecía el desempleo y la pobreza. Eso era lo que rechazaban los manifestantes en Québec, cuando fueron atacados con proyectiles  plásticos y gases lacrimógenos por la policía. Hubo muchos heridos y encarcelados, sometidos luego a tratamientos indignos en los centros de reclusión.

Las noticias hablaban ahora del paro nacional que se había decretado por los trabajadores colombianos el día anterior, en protesta por las medidas abiertamente antipopulares y represivas que el Congreso de la República de Colombia aprobaba a propuesta del gobierno de Pastrana, más interesado en cumplir al pie de la letra con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, que en la salud, la educación y el nivel de vida de sus compatriotas del pueblo. La cadena radial Caracol, propiedad del grupo económico Santodomingo, uno de los monopolios más poderosos del país, se dedicaba a difamar de los propósitos de los trabajadores y a ensalzar la sana política defendida por el odioso ministro de hacienda, Juan Manuel Santos, de la familia de los Santos, propietarios del diario El Tiempo, el más grande del país, de estirpe profundamente reaccionaria, siempre al servicio de los nefastos intereses de la burguesía criolla e imperial. Entonces Mariana comentó que eso no era así. Que cuando ella hablaba por teléfono desde la oficina con una mujer que ultimaba los detalles para su asistencia a la audiencia del Domingo, la mujer le había comentado que le estaba hablando desde la calle por un teléfono celular, al tiempo que observaba la manifestación popular que se desarrollaba en su ciudad contra los actos del gobierno.

De repente la mujer le había dicho que tenía que cortar porque la policía había comenzado a lanzar gases lacrimógenos contra los manifestantes y que la gente estaba respondiendo con piedras. La trifulca estaba armada y ella quedó en llamar más tarde. Largo rato después llamó emocionada a comentar que la gente ya llevaba dos policías heridos y seguía combatiéndolos. También la llamó un hombre de Bogotá, un anciano que andaba en los mismos trámites para la audiencia, que quería aprovechar para hacerle una consulta. Dijo pertenecer al Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, el movimiento clandestino que organizamos las FARC-EP en todo el país, a fin de recoger y organizar la enorme inconformidad de los colombianos. Llamaba de la inmensa barriada popular de Ciudad Bolívar, con el propósito de comentar que en su sector habían decidido sacar un comunicado para condenar la aprobación en el parlamento del proyecto de ley sobre seguridad y defensa nacional, así como la aprobación de la ley de transferencias que recorta aun más los recursos del Estado para educación y salud. Quería saber si era correcto incluir en el comunicado, que ellos declaraban como objetivo militar a los legisladores que aprobaban semejantes esperpentos.

Mariana le dijo que fuera más prudente, que esos teléfonos estaban interceptados por los servicios de inteligencia y que para ese tipo de cosas debían asesorarse de los responsables de la Organización en Bogotá, porque nosotros no teníamos que ver nada con eso. El anciano enfurecido le decía que no aparecía ninguno de los responsables y no había a quien consultar, que por eso preguntaba ahí, donde sabía que éramos guerrilleros. Fue muy difícil hacerle entender las cosas. A estas alturas, nos aproximábamos ya a la oficinas en Los Pozos, un pequeño caserío que figura en todos los periódicos del mundo gracias a que ahí está ubicada la sede de los diálogos. Sintonizamos entonces La Voz de la Resistencia, la emisora radial de las FARC-EP en el sur del país. Entre canciones revolucionarias, los muchachos que dan sus primeros pasos en la radiodifusión, aprovechaban para leer editoriales y artículos que denuncian las antipopulares medidas del régimen, las masacres de los grupos paramilitares y la doble moral del gobierno y las fuerzas militares oficiales. Allí invitan a ingresar a las filas de las FARC-EP a todas las muchachas y muchachos mayores de quince años, interesados en construir una patria nueva, justa, democrática, en desarrollo y en paz.

Nuestro viaje terminaba. Seguía otra jornada de preparación de la audiencia y de relaciones públicas con gentes venidas del exterior o de distintos lugares del país. De una u otra manera todos nos confirman la justeza de nuestra lucha armada, digan lo que digan los difusores del pensamiento único.¨

8 de junio de 2001

 


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Gabriel Ángel

Guerrillero Fariano, escritor revolucionario.

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