Cuando en las conversaciones de La Habana hemos logrado importantes avances, autoridades de Colombia se atraviesan como mulas muertas en el camino del noble propósito nacional de lograr la paz con justicia social. Tratan por todos los medios de imponer políticas contra acuerdos logrados en la Mesa de Diálogo, que condensan sueños de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.

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La declaración leída por la Delegación del Gobierno en la Mesa de Conversaciones, al cierre de un nuevo ciclo de diálogos, el pasado 6 de marzo, sobredimensiona la respuesta obligada de las FARC a los guijarros e improperios que permanentemente lanza contra la delegación insurgente el señor ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Entendemos la molestia de la Delegación del Gobierno y entendemos también que se sientan impulsados a salir en defensa de un funcionario del Estado que con sus declaraciones irresponsables genera disturbios al medio ambiente sereno que debe rodear un proceso de paz, que el mismo gobierno está empeñado en sacar adelante. Y lo hace, además, desde el centro de la turbulencia de un proceso electoral extremadamente complejo. Bueno sería que alguien sofrenara esa locuacidad insidiosa que afecta el entendimiento y el anhelo de paz de las mayorías nacionales.